Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy han confirmado que en el verano del 2023 se abrieron expedientes a estas cuatro aerolíneas para investigar prácticas consideradas abusivas, tras recibir numerosas denuncias.
Entre las quejas de los consumidores sobre las que se puso la lupa, además del cobro del equipaje de mano, esté el recargo que se aplica por la reserva de asientos contiguos cuando se viaja acompañado de menores y otras personas dependientes; la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio (es decir, la diferencia entre la tarifa que se muestra inicialmente en la web al seleccionar el vuelo y el precio final a pagar una vez se llega al final de la contratación); así como el que no se permita el pago en metálico en el aeropuerto por cualquiera de los servicios adicionales ofertados junto al billete.
La sanción administrativa puede ser recurrida, y una vez agotada esta vía, las compañías pueden acudir a los tribunales, indica la misma fuente. Mientras se tramitan esos recursos y la sanción no es firme, las aerolíneas podrán mantener su política de tarifas actual, según fuentes de las compañías.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, ha rechazado la decisión de Consumo, que implica prohibir el cobro de la maleta de cabina. En un comunicado, la patronal señala que ello perjudicará a los consumidores, «al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten». Y añaden que va en contra de la normativa europea, que consagra el principio de libertad de fijación de precios, al suponer «una injerencia en la fijación tarifaria».
Las compañías preparan ya recursos de alzada y no descartan también la vía judicial, donde el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, está convencido de que les darán la razón. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Gándara explicó que las aerolíneas multadas tienen hasta mediados de julio para presentar sus recursos de alzada y luego el ministerio dispondrá de tres meses para resolver. Una vez concluido ese proceso, se abriría la vía judicial.
Frente a la oposición de las aerolíneas, desde Facua valoran la decisión de Consumo y recuerdan que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra. Por su parte, la asociación de consumidores Asufin confía en que la sanción sirva de freno efectivo a la impunidad con la que las compañías «ninguneaban» los derechos de los consumidores. Señalan que es «urgente» un cambio de conducta por parte de estas compañías, que sistemáticamente aplican políticas que constituyen «un abuso en toda regla».
