Por cuanto respecta a las actividades económicas, la administración local desempeña un papel importantísimo en la medida en que el turismo debe articularse como el fenómeno de desarrollo local equilibrado. En este sentido, deberá promover el empleo de calidad y asegurar las condiciones de competitividad de las empresas.
De manera más concreta, los municipios turísticos desarrollan diversas actividades relacionadas directamente con el turismo. Además de la planificación del territorio y de las infraestructuras, también figuran entre su cometido básico el ciclo de la seguridad, del que forman parte la policía y la protección civil; el ciclo de los recursos, esto es el agua, los residuos y la energía que configura un conjunto de condiciones que aseguran el mantenimiento adecuado de los recursos, su sostenibilidad y su no agotamiento en el tiempo; el control ambiental, tanto de los residuos y de la limpieza como de la zonas verdes y los jardines, que son el principal atractivo que los turistas espera encontrar; la formación y el empleo, que se vinculan con la mejora de la profesionalidad, lo que tiene una gran incidencia en la calidad turística; y la información y promoción, tanto en destino como en el país de origen.
Este conjunto de actividades configura lo que podemos determinar “el atractivo turístico”, ese intangible que no hace sino enmarcar la calidad total del producto que las zonas turísticas deben proporcionar, y que se origina, precisamente, por esa actividad desarrollada por los municipios turísticos.
Los ayuntamientos desempeñan, teóricamente, un papel decisivo en la actividad turística. Pero surge una importante contradicción: las administraciones locales no tienen asignada por ley ninguna competencia directa, ni obtienen fondos financieros específicos destinados a la realización de estas actividades de carácter típicamente turístico. Varias son las consecuencias prácticas de esta situación de contradicción entre las necesidades y los medios. La primera de ellas es la incapacidad presupuestaria local para ofrecer servicios de auténtica calidad turística, así como para conseguir la conservación y renovación de las infraestructuras. En este sentido, se observa científicamente y habitualmente el cierto proceso de degradación de estos municipios turísticos que no encuentran solución en el ámbito de las administraciones públicas, ni en el de las empresas privadas, incapaces unas y otras de resolver los grandes o pequeños problemas del entorno, la calidad, la seguridad, la profesionalidad y el sostenimiento del conjunto del producto turístico.
Otra consecuencia de esta situación es la dificultad de interlocución de los entes locales con otras administraciones, lo obliga a fragmentar actuaciones, a postergarlas en el tiempo y, en definitiva, a no responder a los retos de calidad que se plantean.
Con frecuencia se puede percibir que existe una descoordinación de las políticas turística desde el punto de vista del destino, lo que deriva en una debilidad del liderazgo respecto a la promoción y a la mejor configuración de los productos.
Todas estas consecuencia configura una amenaza básica de no sostenibilidad del producto turístico. Por ello, es necesario potenciar los instrumentos de intervención con los que cuentan los municipios turísticos.
Habrá que crear y desarrollar una ley específica para este tipo de municipios turísticos en los cuales los habitantes de derecho soportan importante cargas económicas para acoger a los ciudadanos de otros lugares del mundo que desean pasar sus vacaciones en estos destinos. La participación municipal de los tributos del Estado es una exigencia de la Constitución Española, que establece que las corporaciones locales deben disponer de medio suficiente para el cumplimiento de sus fines y que los recursos destinados serán los tributos propios y la participación de los tributos del estado y de las comunidades autónomas. Esta participación se realiza anualmente a través de un fondo, creado por la ley de presupuesto que se reparte pero qué el criterio fundamental es la población de derecho. ¿Qué ocurre con los ciudadanos o turistas que son de hecho y que multiplican a los de derecho? Los ciudadanos empadronados son los que soportan los tremendos gastos de los municipios turísticos. Por ello la ley de presupuesto del estado debe diferenciar a los municipios turísticos y potenciarlos económicamente.
