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21 de febrero de 2015, 19:09
El Ministerio de Fomento también se opuso a estas dos cuestiones solicitadas por el Ejecutivo canario, y el tribunal "se las ha desestimado", por lo que continúa la "batalla" en el frente jurídico por evitar el "expolio" de los aeropuertos canarios.
Así, aparte del frente abierto en el Tribunal Supremo, se ha destacado que en la Audiencia Nacional se dirime la no convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, pedida en julio de 2014 para que se entregue la gestión de los aeropuertos canarios tras la venta de Aena y en virtud de lo que recoge el Estatuto de Autonomía.
El Gobierno de Cnarias ha insistido en que no hay una "explicación razonable" para la privatización del ente público cuando da beneficios, ha criticado que se prioricen "intereses particulares" y ha señalado que esta decisión deja a Canarias "más lejos" de España.
Enaire, matriz de Aena y agente privatizador, señaló el pasado 10 de febrero que las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Canarias en la ampliación de recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo de Canario, "carecen de fundamento y de posibilidad de estimación".
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Ampliación del recurso
El Gobierno de Canarias presentó un escrito de ampliación del recurso interpuesto el pasado 11 de julio, apelando al art. 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye la comunidad autónoma canaria las competencias ejecutivas sobre los ocho aeropuertos canarios en caso de que el Estado renuncie a la gestión directa de los aeropuertos.
En la ampliación de dicho recurso, solicita como medidas cautelares la exclusión de los aeropuertos de interés general situados en Canarias del inmovilizado patrimonial que integra el patrimonio de Aena y la incorporación de la información relativa a la interposición del recurso en el folleto de la OPV.
Según recoge el folleto de la propia OPV, en caso de prosperar dicha reclamación tendría como resultado el traspaso a la comunidad canaria de dichas competencias, que se traducen en la posibilidad de dictar reglamentos para la regulación para su propia competencia funcional, en materia de asistencia de tierra a aeronaves y viajeros y de explotación de la superficie de los aeropuertos.
No obstante, Aena indica que en ningún caso afectaría a la titularidad ni a la gestión por parte del gestor aeroportuario, que ha sacado al mercado hasta el 28% de su capital, de los ocho aeropuertos canarios que son competencias en las que no se discute la reserva a favor del Estado.
El referido traspaso de competencias, en cualquier caso, debería ser acordado, por la Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria prevista en el Estatuto de Autonomía y posteriormente formalizado a través del correspondiente Real Decreto.
